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Concepto de Educación Cívica

La educación cívica estudia la organización y el funcionamiento del sistema político, legal e institucional del país.

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Constitución y limitación del poder

Introducción.

Decía Montequieu en su magnífica obra “El espíritu de las leyes”: “Las leyes, en su significación más lata, son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas”.

El constitucionalismo nació como una doctrina que limita el poder. De ello se desprende que la naturaleza propia del derecho constitucional, es ponerle límites al poder del Estado.

Las legislaciones de emergencia.

Por lo tanto, las legislaciones de emergencia, que muchas veces en Latinoamérica son inevitables porque la realidad fáctico polìtica sobrepasa a la letra de las constituciones, debe aparecer excepcionalmente en el ordenamiento jurídico.

Para evitar estas situaciones de emergencia político legal, es necesario que quienes detentan el poder tengan apego a la letra de la ley durante el ejercicio de sus funciones, en todos los ámbitos de la gestión del Estado.

La falta del cumplimiento de la ley en el ejercicio del poder y la desvirtuación del espíritu de las leyes fundamentales, pueden terminar provocando situaciones de crisis político institucionales, que obligan a recurrir a las leyes de emergencia, que pueden entrar en tensión con las constituciones vigentes.

Cuando en una Nación se reforma y se interpreta la Constitución a la medida del poder de turno, la república se corrompe, porque el espíritu constitucional de limitar el poder queda en el olvido.

Por eso Montesquieu decía que “cuando en un gobierno popular caen las leyes en el olvido, como esto sólo puede provenir de la corrupción de la república, está ya perdido el Estado”.

Una Constitución que no garantice la división de poderes, el pluralismo político y la alternancia en el ejercicio del poder, va en contra el espíritu del derecho constitucional que es limitar el poder.

Leyes Reglamentarias

No se puede dejar de lado en este análisis a las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos constitucionales, que no pueden desvirtuar tanto sus textos como sus interpretaciones, los principios, garantías y derechos reconocidos en cada constitución. La Constitución de la Nación Argentina es clara al declarar esto en el artículo 28.

El principio del art. 28 debe estar siempre presente a la hora de interpretar las leyes y los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, según el art. 75 inc. 22 de la Constitución de la Nación Argentina.

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¿Qué es el juicio político?

Concepto.

El juicio político es un proceso por medio del cual se puede acusar, juzgar y destituir a determinados funcionarios, responsables por mal desempeño o por cometer delitos en el ejercicio de sus funciones.

Según Joaquín Víctor González es “una acusación solemne hecha por la Cámara de los Comunes ante la Cámara de los Lores (…) Fue creado para seguridad del Estado y de las libertades y derechos de los ciudadanos.

Importa una investigación hecha por el pueblo, por intermedio de sus representantes sobre la conducta de los funcionarios públicos en los cargos que se desempeñan. Es, por lo tanto, una consecuencia del principio de que todo funcionario público es responsable, y tiene por único y exclusivo objeto hacer efectiva esa responsabilidad.  

Para Badeni “El juicio público, establecido por los arts. 53, 59 y 60 de la Constitución, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe del gabinete de ministros, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus cargos, o por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, o por la comisión de delitos comunes.

La causal de mal desempeño es amplia pero siempre se vincula a conductas que encuadran con la inobservancia de la Constitución Nacional.

¿Quién acusa?

El artículo 53 de la Constitución Nacional Argentina establece que solamente la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar, debiendo reunir una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. 

Ninguno de los acusados será declarado culpable si no se consigue una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

Según el artículo 60 el fallo del Senado solamente tendrá como efecto la destitución del acusado y si corresponde declararle la inhabilitación para ocupar algún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación.

En Chile el artículo 52 inciso 2 requiere entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 diputados para acusar al Presidente de la República y a otros funcionarios. Asimismo en el artículo 53 se establece que ” La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos”.

En los Estados Unidos, es la Cámara de Representantes la única facultada para realizar el llamado “Impeachment”, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo I Sección 2 Cláusula Quinta.

En tanto que en la Sección Cuarta del Artículo II, se indica que el Presidente, el Vice y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos, serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otro delito o faltas graves.

¿Quién Juzga? 

El artículo 59 de la Constitución Nacional, señala que es al Senado al que corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados.

Objetivo del Fallo.

Según Badeni, el juicio político es una institución propia de los sistemas presidencialistas y su único objetivo es separar del cargo al funcionario que se encuentra culpable.

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